Empezó el trienio de “HIDALGO” en Amecameca, la alcaldesa Ivette Topete García resultó una “LADRONA” del PRI

* El gobierno municipal se ha convertido en una “CRIPTA” de muerteros de la corrupción y los empleados de primer nivel en impostores del fraude como timadores fiscales.

Por: Rey Néquiz Villalba 

Déspota, soberbia, arrogante y ladrona del PRI

La política administrativa y finan ciera que puso en marcha la alcaldesa del tricolor de Amecameca, Ivette Topete García (a) “La Cabra”, es una artimaña legaloide y flagrante violación al Código Financiero del Estado de México, medida errónea que le facilita imponer un terrorismo fiscal para hurtar y timar a empresarios como a comerciantes, de esa medida obtiene un botín millonario que no ingresa a la tesorería municipal, aseguró el Secretario del Movimiento de Derechos Humanos, Manuel Córdoba Hernández.

El dirigente de comerciantes no establecidos, Manuel Córdoba dijo a La Corneada y a Tumbaburros “tanto es su pretensión por acumular riqueza, sin importar de donde provenga, que en su afán por cumplir con su deseo de codicia, el gobierno que ella encabeza, Ivette Topete, ya le puso el sello del trienio de Hidalgo, todos hay que robar y transar”.

En compañía de varios trabajadores no asalariados, Córdoba Hernández indicó “ante su avidez y su expresión de amar el dinero, que atender las demandas urbanas que padece la población de Amecameca, la alcaldesa de PRI, Topete La Cabra García, exige por cada metro cuadrado a los tianguistas que se instalan frente a la presidencia municipal, los días miércoles y domingos de cada semana,  de 7 a 10 mil pesos, después de pagar sus respectivos permisos”.

Pilar Estrada Mendoza
(a) "La Fiona Zapoteca"

También, afirmó “la voracidad de la titular de la alcaldía, Ivvete Topete, no tiene límites, no sabemos dónde queda el dinero que algunos compañeros ya pagaron dichas exigencias monetarias de sus esbirros colaboradores, no entregan recibos oficiales, por lo que valoramos es un descarado robo, se parecen a los pillos que forman parte de las células del crimen organizado”.

En su oportunidad, Lourdes Gutiérrez Trejo sostuvo “la alcaldesa del tricolor, Topete García, a través de sus prepotentes empleados enseñan documentos oficiales del gobierno, acción que se considera una intimidación, sin sustento legal, para obligarnos a ceder a sus pretensiones económicas y deshonestas, lo cual no estamos dispuesto a satisfacer las medidas arbitrarias de la responsable de la administración”.

La afectada con la política de terror impuesta por el gobierno corrupto del PRI, la cual opera desde el primer día que se hizo cargo de la administración Ivvete Topete, Lourdes Gutiérrez indicó “si no liquidamos nuestro permiso y el pago por el uso de suelo, al instalar sobre las calles cercanas al ayuntamiento nuestros puestos con producto a la venta al público, nos haremos acreedores a una sanción administrativa que va desde los 5 a 15 mil pesos por cada lugar”.

Además, Gutiérrez Trejo expresó “el despotismo y la arrogancia de la alcaldesa del tricolor, Topete La Cabra García, contra los comerciantes que por necesidad trabajamos para  llevar el sustento a nuestros hogares, se negó a recibirnos y nos mando a sus corchetes para amenazarnos que si no cumplíamos con el pago requerido por sus inspectores, se nos retirará con la fuerza pública, hasta la suspensión temporal o en caso definitivo, hasta llegar a la cancelación de nuestro permiso y/o licencia de funcionamiento”.

El sector más vulnerable de la corrupción

Por lo que respecta a los comerciantes establecidos, Roque Sánchez Arrollo dijo “tanto la alcaldesa, Ivvete Topete y Pilar Estrada Mendoza, titular de la Tesorería municipal, son tan ambiciosas por hacerse del dinero público que en casi 8 meses de administración no han hecho nada por el pueblo, son más que magas defraudadoras  que ya desaparecieron cerca de 80 millones de pesos, y no les basta con robarse el erario, ahora nos presionan para aportar un cuota extra de 7 a 10 mil pesos por cada negocio, a pesar de ser contribuyentes cumplidos con el pago de nuestros impuestos”.

Tal medida implementada contra los comerciantes semi-informal-formal, Manuel Córdoba sentenció “es una violación a la Constitución de la República y a nuestros derechos humanos, también un abuso de autoridad contra nuestra justicia a ejercer el trabajo, no entienden las autoridades que la crisis de salud con la pandemia del Covid-19 y la crisis económica por la que atraviesa el país, con nuestro trabajo estamos sobreviviendo, aún así no nos negamos a pagar lo que nos corresponde pero que sea justo, no al robo descarado, al engaño y al fraude de la administración”.