La UIF pisa los talones al “RUFIÁN” de Lucas Torres y socios por “lavado de dinero, lenocinio y enriquecimiento ilícito”.

Lucas Torres Robles (a) La Pájara Peggy

*   Al descubierto cadena de criminales  dedicada  a la trata de personas en su modalidad de explotación sexual  en agravio a mujeres  menores de edad, entre los cabecillas se identificó a Lucas Torres Rosales, algunos funcionarios del Ayuntamiento de Atlautla, quien ya son investigados por   la FGR presuntamente en el “plagio” como en el negocio de tratante de personas y  blanqueo de dinero.

Por: Rey Néquiz Villalba y Roberto Zalazar 

Mujeres buscadoras de sus hijas en la Zona de los Volcanes y parte del Estado de Morelos exigen a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que incremente las investigaciones en contra del “traficante del vicio y la prostitución”, Lucas Torres Rosales y funcionarios del gobierno municipal de Atlautla, quienes pueden estar involucrado en el “plagio” como en el negocio de tratante de personas y lavado de dinero.

El incremento de mujeres jóvenes “raptadas” y “desaparecidas” en municipios rurales e indígenas del Estado de México y asentados en la zona de los volcanes, algunas de ellas son obligadas de manera violenta  para prostituirse en negocios denominados giros rojos por los dueños ante lo cual representan un negocio  millonario, madres de la víctimas exigieron la UIF para que acelera las investigaciones al lenón de Lucas Torres por su presunta participación en los delito de trata de personas en modalidad de explotación y comercio sexual.

Luego de dar a conocer lo anterior a la revista La Corneada, al Periódico Tumbaburros y Fumarolas en la Noticia, las madres que buscan a sus hijas desaparecidas sostuvieron “el candidato fraudulento de la elección en Atlautla a presidente municipal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lucas Torres apodado por la población como La Pájara Peggy, cuenta con varios negocios con fachada de restaurantes bar en el Estado de Morelos y en la zona volcanes, los cuales son utilizados para blanquear fondos criminales proveniente de la prostitución”.

Integrantes y consejeros de Buscadores de Personas de la República Mexicana, sostuvieron “Torres Rosales puede formar parte una larga cadena criminal de trata de personas con fines de explotación sexual y presunto secuestro de mujeres, derivada de la prostitución y de otras formas de negocio carnal con trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos".

Lorena Edith Torres S. (a) La Nahuala 

Las madres buscadoras María López Rueda, Estefana Hernández Martínez y Calistra Mejía Arredondo dijeron “para Lucas Torres el lavado de dinero del comercio carnal provoca su enriquecimiento ilícito y genera el aumento del crimen organizado en parte de los Estados de México y Morelos, especialmente en el municipio de Atlautla y que posiblemente gobernará tres años, será su fuente para blanquear el dinero sucio y en utilizar los recursos púbicos para expandir el mercado del comercio carnal”.

Las afectadas argumentaron “la desaparición
de nuestras hijas en su mayoría son obligadas a ejercer con violencia y amenazas de muerte la prostitución en negocios conocidos giros rojos, burdel, lupanar, mancebía, puticlub, congal, queco, ramería, quilombo, putería,  chongo o bien en prostíbulos de mala muerte, los dueños obtiene millonarias ganancias y  este caso uno de los beneficiados de centros del comercio carnal puede entrar el lenón de Lucas Torres”.

Las quejosas indicaron “no es una necesidad sino una obligación para que la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda rastrear el enriquecimiento ilícito del político “criminal” Torres Rosales, los negocios encubiertos de restaurantes que dice tener en Morelos y Estado de México, inmuebles, terrenos, cuentas bancarias y la comercializadora para prestar dinero a crédito, si hace unos años vendía chácharas en los tianguis de Ozumba”.

La misma UIF reconoce que dicho delito de lavado de dinero y en sus operaciones  con recursos de procedencia ilícita se encuentra previsto en el artículo 400 Bis del Código Federal, proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades indebidas y que entre las más comunes, en este caso en las que pudiera recaer Lucas Torres como corrupción, fraude, trata de personas en la modalidad de explotación sexual, prostitución, evasión fiscal y hasta extorsión, precisaron.

Alberto Rivera Torres (a) La Pitufa Verde

Por su parte el Código Penal del Estado de México en su Artículo 209 afirma “comete el delito de lenocinio quien habitual o reiteradamente obtenga una ventaja económica u otro beneficio procedente de los servicios sexual de otra persona mayor de edad”. También tipifica en su Artículo 209 Bis “a quien administre, sostenga, supervise o financie directa o indirectamente prostíbulos, casas de citas o lugares donde se lleve a cabo las conductas señaladas en el artículo anterior”.

La activista en Defensa de los Derechos de la Mujer, Enriqueta Constantino Valdés dijo “en nuestras investigaciones no descartamos que el lenón y tratante de mujeres, Lucas Torres sea el cabecilla de la cadena criminal y en su asociación delictuosa estén involucradas algunas autoridades municipales de Atlautla, entre  la tesorera Lorena Edith Torres Sánchez, la síndico Azucena Amaro Peralta y el secretario del Ayuntamiento Luis Alberto Rivera Torres, personajes que no sólo traicionaron a su patrón sino que se presume que lavan dinero ilegal del crimen organizado”.

También, afirmaron “no rechazamos que dichos recursos ilegales fueron inyectados a la campaña político electoral de Lucas Torres, dinero proveniente del crimen organizado para la compra de votos con un costo por cada uno de 500 y mil pesos, el acarreo y gastos de propaganda superiores al 500 por ciento de lo aprobado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), otro delito de fraude que puede considerarse fundamental para la anulación de la elección del 2 de junio en el municipio de Atlautla”.  

Litigantes del "crimen" y “empleados” del TSJEM forman parte de los TENTÁCULOS de CORRUPCIÓ en Juzgados de Neza y Chimalhuacán

*       La Agrupación de Periodistas Independientes de México (PIM) solicitó al presidente del Poder Judicial de la entidad, Magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para investigar a funcionarios que delinquen y trafican al amparo del poder con “abogados” ligados a bandas del crimen organizado.   

Por: Rey Néquiz Villalba

Presidente del TSJEM, Ricardo Sodi Cuéllar 

Servidores públicos que laboran en los Juzgados Civiles de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán están coludidos con “abogados” de dudosa reputación y sin acreditación profesional mantienen el control de la Institución a cambio de componendas “económicas”, los infractores de la ley solapan en el interior de la institución actos de corrupción para cometer delitos de fraudes procesales en contra de la población.

Los comunicadores agremiados a la Agrupación de Periodistas Independientes de México entregaron un escrito al presidente del TSJEM, Magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, en él se narran una serie de irregulares corruptas cometidas por servidores públicos a fin de favorecer en los procesos judiciales a litigantes, éstos presuntamente involucrados con organizaciones criminales que operan en los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y sus alrededores.

Litigante del crimen

Los periodistas dieron a conocer al Titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi de los tentáculos de putrefacción de servidores públicos en el interior de los juzgados referidos y con la complicidad con abogados “criminales” cometen abusos de poder como tráficos de influencias y usurpación de funciones a fin de beneficiar a sus “socios” con sentencian manipulables y distorsionadas a su favor.

“Sin duda los órganos que están para procurar justicia a la población,
en el Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl con Residencia en Chimalhuacán, están en degradación y llenos de corrupción”, indicaron, “y tal parece que la justicia está a favor de los delincuentes, quienes constantemente son favorecidos por los empleados del Poder Judicial en fraudes procesales”.

Litigante del crimen

Afirmaron los comunicadores que “en el Juzgado Cuarto Civil, los funcionarios públicos, cometen todo tipo de arbitrariedades, y en el caso del expediente de Juicio Ordinario Civil contra de uno de los periodistas es una prueba palpable y a quien con evidencias espurias intentaron criminalizarlo, ahí la red de complicidades existe desde los ministerios públicos, secretarios de acuerdos, ejecutores y notificadores, en colusión con autoridades municipales que promueven juicios simulados y fraudulentos”.

Dijeron los PIM que los tentáculos de la corrupción parte con los notificadores del Juzgado Cuarto Civil que al parecer realiza diligencias selectivas, de acuerdo con el pago de litigante y que en ese momento se vuelve su cómplice, en este caso la servidora pública Lucia Ortiz Rendón, quien se hace acompañar de un “abogado con cubrebocas” a los domicilios de los demandados, al tiempo que se hacen pasar como integrantes del Poder Judicial del Estado de México, el abogado se niega a enseñar su gafete oficial y su respuesta es con agresiones físicas a los inculpados de una demanda falsa.

Lucia Ortiz Rendón

De igual manera, los periodistas expresaron “el día cuatro de diciembre del 2023 se llevó a cabo la Audiencia de Confesional celebrada en las oficinas del Juzgado Cuarto Civil de Chimalhuacán, el litigante encubierto y abogado de los demandantes sin proporcionar su "célula profesional"; el segundo regidor, Alfredo Arenas Galicia y su esposa, subdirectora del DIF municipal, Maricela López Pacheco, se hicieron acompañar de otra persona masculina que portaba un cubrebocas, quien gritaba en la sala que “venía del Poder Judicial, sus acreditaciones no aparecen en el expediente del Juicio Ordinario Civil”.

Se denunciaron otras irregularidades cometidas por los servidores públicos, entre ellas el propósito de desaparecer pruebas, testimonios y fuera de tiempo intentaron ingresar al expediente más documentos
falsos, al titular del TSJEM, y además señalaron “son evidentes los abusos de poder, el tráfico de influencias, violación de derechos humanos y de manera ilegal la fabricación de delitos, usurpación de funciones entre  promoción de juicios simulados y fraudulentos”.

Maricela López P.

En este escenario, los comunicadores sostuvieron en el escrito “los tentáculos de corrupción en el interior del Juzgado Cuatro Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán y de la violencia contra el director de la revista La Corneada y del periódico El Tumbaburros, marcan como actora intelectual contra la Libertad de Expresión a la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez como a su esposo Miguel Benito Pérez, sus esquiroles el segundo regidor, Alfredo Arenas con su pareja Maricela López, la notificadora Lucia Ortiz, los litigantes del crimen contratados por los demandantes y que no se acreditaron, la jefa de prensa Virginia de los Santos, entre otros servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.    

Xóchitl Flores J.

Subrayaron “ante tales grupos que delinquen al amparo de poder es necesario la intervención como la investigación del Poder Judicial en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en contra de los malos servidores públicos y que están sujetos no sólo a un régimen de responsabilidades administrativas sino de tipo penal, con el objetivo de salvaguardar los principios de legalidad de la institución, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de ser observadas en el desempeño de sus funciones,  tal incumplimiento debe de dar lugar al procedimiento judicial y a las sanciones que correspondan por formar parte de una red corrupta y de tipo criminal en el interior del TSJEM”.  

TERRORISTAS del TEEM de forma TEMERARIA e ILEGAL intentan despojar de su registro a Nueva Alianza

 *   Por arriba del 3 % de la votación que obtuvo el 2 de Junio del presente año, la Sala local del Tribunal Electoral intenta violar el Artículo 52 del Código Electoral como vulnerar los derechos Constitucionales de tipo local y federal en dicha materia democrática. 

Martha Patricia Tovar enemiga de la democracia

Por: Rey Néquiz Villalba

Luego de dar a conocer su desacuerdo y condenar la reciente decisión temeraria, falsa y antidemocrática de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México, pretende quitarle el registro al Partido Nueva Alianza, la Dirigencia y militantes dijeron “nuestro partido logró una votación por encima
del umbral del 3 % de la votación valida emitida en la elección de Ayuntamientos del pasado 2 de julio”.

Militantes de varios municipios asentados en la Zona Oriente del Estado de México, entre ellos Brathley Fuentes López, Luis Rey Castro Valentino y Gregorio Lucio Alva sostuvieron a La Corneada y Tumbaburros “el dictamen de la Sala del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) es imprudente, infundada y arbitraria”, toda vez que “nuestro partido Nueva Alianza logró votación por encima del nivel que marca la ley electoral de un 3% de la votación en la reciente elección”.

Los inconformes aseguraron que los filibusteros de la democracia mexiquense “pretenden retirar el registro electoral como partido político local a Nueva Alianza (NA) Estado de México, por un supuesto de no haber logrado obtener el porcentaje marcado en la elección pasada de 2 de junio, ante lo cual dicha medida atenta contra los derechos Constitucionales de aspirar a una democracia justa en la entidad mexiquense y en materia federal”.

De igual manera, los afectados con el juicio arbitrario y mal infundado de los integrantes de la Sala del TEEM, expresaron “violan flagrantemente el Artículo 52 del Código Electoral del Estado de México y que a la letra dice: son causas de pérdida del registro de un partido político local; inciso II No obtener  en la elección ordinaria inmediata anterior,  por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para Gobernador, diputados  locales y Ayuntamientos”.

También informaron “la Sala local en los últimos años se ha dedicado más en hacer política nefasta que ejercer y hacer valer la ley como la justicia electoral, y en este acto no quiere decir que Nueva Alianza Estado de México pierda su registro, por lo que es incuestionable la transgresión al principio de legalidad, toda vez que dicho atrevimiento representa un ataque director y de tipo crimina contra una fuerza política que cuenta con el respaldo de más de 250 militantes en el Estado de México”.

Kristhel Ruiz corsaria del TEEM

Leonel Palacio pirata del TEEM

Así mismo, Juan J.  Hernández y Tomás Cabrera Gutiérrez  de NA afirmaron “representamos un partido que siempre ha confiado y confía en las Instituciones que vigilan la democracia, sin embargo, la Sala local del Tribunal Electoral del Estado de México siempre ha dejado en duda, fuera del marco legal, decisiones de represión hacía Nueva Alianza Estado de México”.

Al tiempo que sostuvieron “todo su actuar del TEEM parece más por consigna (monetaria) y no en defensa de los derechos de los militantes y ciudadanos simpatizantes de NA, pisotean la democracia y la corrompen al denigrar los principios que rigen al organismo autónomo dotado de jurisdicción, en tal decisión errónea pierde credibilidad y la cultura democrática para los magistrados es una farsa electoral”.

Por lo que dicha determinación temeraria y antidemocrática de los Magistrados del TEEM no tiene sustento legal, carece de legitimidad, certeza, ética, profesionalismo, imparcialidad y legalidad que deberían de privilegiar el derecho Constitucional de la libre participación ciudadana a votar y ser votado, siempre respetando el sufragio y no anulándolo por consigna gubernamental.

Por lo tanto, subrayaron “Nueva Alianza Estado de México estuvo por encima del umbral del 3% de la votación valida emitida en la elección de Ayuntamientos, 02-06-2024, lo cual le garantiza todas las condiciones legales y legitimas para continuar con su registro como partido político local”.