El rostro oculto del FOBAPROA - IPAB, atraco a la nación

Negocio y fraude por delincuentes de cuello blanco; empresarios, políticos y funcionarios

Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón dieron carpetazo para proteger a regímenes del PRI

Por: Luis Rey N.

El aparato neoliberal que sirve a la mafia priísta para devastar la economía del país y despojar al pueblo mexicano de su derecho Constitucional de recibir los beneficios de la riqueza nacional, permitió a la dinastía de la burguesía PRI-PAN perfeccionar, con la aprobación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) al convertir 630 mil millones de pesos a deuda pública para cometer un atracó y traición a la patria.

Mientras el negocio del desfalco bancario de 552 mil millones de pesos, dinero que otorgó el gobierno federal a los bancos, fue para hacer camadas de políticos y negociantes multimillonarios y engañar el hambre de los trabajadores explotados del campo y de la ciudad, quienes son los que pagan el derroche financiero.

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y su sucesor Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), son instrumentos utilizados por el gobierno federal durante la administración del entonces presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, para convertir las pérdidas económicas de los bancos privados en deuda pública, con montos estratosféricos que se siguen cubriendo y afectarán a varias generaciones de mexicanos.

Ernesto Zedillo Ponce de León

“Después de la abrupta devaluación del peso en diciembre de 1994, ocurrida dos semanas después de iniciada la administración del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), el gobierno federal tomó la determinación de acudir al rescate de los bancos –que enfrentaban una crisis de liquidez y una potencial corrida bancaria– con recursos públicos”, expresó el economista, Fernando Esteban Ruíz.

Explicó que desde entonces la deuda otorgada por el FOBAPROA: $1,716,067,000,000.00 MX; pagados por los mexicanos: $ 889,493,000,000.00 MX y ganancias de bancos del 2000-2011:$569,434,000,000.00 MX, y todavía falta seguir pagando estos errores por muchos años.

El analista en el sector financiero, dijo que el Fobaproa se creó en 1990 con aportaciones de los bancos como un fondo para garantizar los depósitos de los ahorradores. El fondo es un fideicomiso privado y no una entidad de la administración pública federal y era administrado por el Banco de México.

Esta transformación les generaría altísimos intereses a los compradores, dinero que tendría que gastar el gobierno, ya sea por medio de convertir los pagarés de Fobaproa en deuda pública, o por medio de otros instrumentos financieros expedidos por un organismo, específicamente creado con este fin, para que convirtiera los pagarés de Fobaproa en los nuevos instrumentos financieros, a los que se llamaran "garantías" u "obligaciones", dijo.

De los 560 mil millones de pesos, aproximadamente 65 mil millones de dólares, a que ascendían las deudas de Fobaproa hasta el mes de febrero de 1998, aproximadamente 360 mmdp de deuda pertenecían a los bancos "muertos", que son los bancos intervenidos por el gobierno, es decir, ya no pertenecen a los accionistas de los bancos, puntualizó.

En su exposición sobre “El Rostro oculto del Fobraproa”, afirmó que “este suceso se ha convertido en el mayor desfalco monetario al país en los últimos tiempos, llamado también el fraude o el robo del siglo, ha sido un ejemplo claro de cómo el gobierno federal mexicano es altamente vulnerable a los intereses privados, y al mismo tiempo, un enorme negocio de las cúpulas de poder”.

También, dio a conocer que “la dinastía PRI-PAN, al servicio del capital norteamericano, han convertido en botín burocrático y político los sectores estratégicos de la economía y de los caudales del financiamiento externo, luego de aprobar y entregar a una clase empresarial parasitaria y privada (banqueros) de iniciativa, los recursos públicos, el mercado doméstico y la fuerza, cautiva, de los trabajadores de México.

Asimismo, consideró “el Fobaproa es el triunfo del PRI más grande de la corrupción oficial y privada en México”. Además, dijo  “nunca, ningún gobierno del régimen autoritario, ningún acto representó mayor corrupción, ni causó daño tan grande a México y al pueblo de México como el robo del siglo”.

Al analizar el Fobaproa, expresó que “no puede hacerse de manera aislada, sólo como organismo de corrupción y de despojo al pueblo a través mexicanos políticos y empresarios que han consumado un tremendo acto de rapiña y otros funcionarios, se han coludido para consumar esta gran maniobra, que les quita a los mexicanos el mínimo bienestar alcanzado lentamente durante 50 años, y regresa al pueblo a niveles de miseria”.

En el pináculo del saqueo y el derroche de la riqueza nacional entre le bipartidismo PRI-PAN definen su estrategia imperativa a disciplinarse a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y no como lo aseguraban los ex presidentes del PRI y del PAN (a unos días de que entregue el poder Felipe Calderón a otro del PRI) en sus discursos demagógicos de defender los intereses del pueblo mexicano, al igual de quien tomará la riendas de la nación, Enrique Peña Nieto.

El neoliberalismo debilita al Estado mexicano

Antes que tomara posesión el régimen del liberalismo sociales, sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, para ser exacto 26 meses, México tenía una banca privada que controlaba no sólo la actividad financiera del país sino que influía también en la marcha de los sectores dinámicos y modernos de la industria, el comercio y los servicios.

La concentración del poder en cinco instituciones que presentaban el 75 por ciento de los activos; el control de compañías de seguros, inversión y arredramiento; la creciente penetración en las principales empresas productivas; el dominio sobre la información económica y la participación en las actividades financieras del Estado, habían acabado por construir un grupo cuya fuerza económica y política sólo tenía un rival; el Estado mismo.

La historia contemporánea de México está marcada por una serie de medias de expropiación y nacionalización que ha influido profundamente en la conformación del régimen social y económico en el cual vivimos. Sin embargo, cada una de ellas tiene un significado social diferente, que sólo puede ser dilucido en el contexto en el cual se produce.

La intervención de los ferrocarrileros en el porfirismo, incautación de la banca en septiembre de 1916, expropiación de latifundios en la segunda mida de los sueños treinta, nacionalización del petróleo, mexicanización de la industria eléctrica y nacionalización de la banca (primero de Septiembre de 1982), “medidas que, todas ellas, tiene algo común, fortalecen el papel del Estado en la economía y la sociedad en general, no obstante dicho objetivo ha sido truncado por la voracidad del gobierno y de la iniciativa privada de México que representa los intereses del sistema capitalista de Norteamérica”.

Miguel de la Madrid Hurtado

A partir del régimen de Miguel de la Madrid Hurtado se acogió como teoría nuestra política y económica una especie de neoliberalismo que condena a la desaparición de los principios de justicia social y nacionalismo progresista cristalizados en la Constitución de 1917, así como las reformas que fortalecieron esos principios.

El historiador Emilio Crieger en su Análisis sobre el Neoliberalismo Yanqui, menciona “durante la instauración del gobierno neoliberal implantado desde 1982, sufre un fenómeno que cada día se aleja más de un Estado de derecho que lo coloca en la ingobernabilidad y por ende a la anarquía caótica”.

Desde las reformas constitucionales, legales y administrativas del ejecutivo federal “de la mesura y de la renovación moral” se abandona las aspiraciones de justicia social, mejor distribución de la riqueza y consolidación de un Estado consagrado en servir a la colectividad con funciones cada día más amplias y significativas.

El liberalismo estima a través de los gobiernos entreguistas, haber proclamado un sistema de armonía tripartita, supuestamente sometido al control del Estado y caracterizado por iniciar una clara tendencia de debilitamiento y contracción de las funciones económicas estatales para transferir a la iniciativa privada, ya fortalecida con la adición de numerosos empresarios provenientes de las filas de los funcionarios públicos.

De esa manera se estableció una política de privatización de la actividad económica, supuestamente estratégica y esencial, para debilitar el aparato estatal, reducir sus funciones, reforzar las tareas de los empresarios y multiplicar los recursos a su disposición.

Emilio Crieger asegura que “es innegable y aún confusa orientación se logró, por supuesto, la simpatía del gobierno estadounidense y de muchos inversionistas, pero a la vez creó una corriente popular en México de repudio y traición a los principios elementales que alimentaron la Revolución Mexicana expresados en nuestro sistema constitucionalista”.

Esa línea económica y política se acentuó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el cual agrego la corrupción y la rapiña, los nuevos rasgos del neoliberalismo mexicano de fines de siglo originario en Harvard y con evidentes signos de dedicarse a servir a los intereses del imperialismo Yaqui.

Delincuentes priístas de cuello blanco

El sociólogo Edwin Sutherlanda en 1939, asegura “la criminalidad de Cuello Blanco ha venido incrementándose por el gran poder económico que los hombres de negocios adquieren a través de sus relaciones en los mal altos círculos de poder y de alguna manera son bien vistos en sociedad, resulta difícil desenmascararlos o someterlos a la acción de la justicia”.

Asimismo, se considera que “ésta acción ha causado indignación en la sociedad mexicana, ya que presuntos delincuentes, con toda impunidad evaden la acción de la justicia apoyados en una serie de mecanismos formales previstos por la ley”.

Este tipo de delitos ha orillado al gobierno de la República a aplicar medidas emergentes de rescate de las instituciones crediticias tales como: Ade, Udi, Afore, Siefore, Parausse y Fobaproa, con el cual se pretendía sanear el sistema financiero mexicano saqueado por los pillos de cuello blanco al amparo de una serie de lagunas legales, se mantienen impunes y como ilícitos bancarios no son tipificados como “delitos graves”, los presuntos criminales tienes el derecho de obtener libertad provisional bajo caución con la garantía que el juzgador fije.

A principios de 1997 se pone al descubierto la corrupción en las instituciones de crédito y bancaria del país, cuyo peculado se estima en 400 millones de pesos, según consta en la averiguación previa 554/10/97 contra Jorge Lankenau Rocha.

El ex presidente del consejo de Administración del Grupo Financiero Abaco Confía desfalcó a las arcas del país, desde entonces se manifestó y se evidenció la corrupción con la realización de autopréstamos a familias de banqueros y funcionarios, aseguró en ese entonces la Coordinadora de Política Económica de la Fracción perredista en la Cámara de Diputados.

La esposa del banquero, Milagros Martínez Lankenau recibió más de 100 millones de dólares en crédito, mientras el socio del defraudador Jorge se autopresto cerca de 12 millones de dólares, no obstante Lankenau propuso a Hacienda cubrir su deuda con 80 millones de dólares, ni la cuarta parte del fraude.

Las irregularidades en la operación de los bancos esta el reporte de bienes inexistentes y créditos otorgados sin aval, sin registro y a una gran cantidad de empresas fantasmas.

Pedro Aspe Armella

El problema que se dan en las instituciones bancarias son por negligencia e ineptitud de los funcionarios para operar, sobre todo, las decisiones regidas por una política de “mutua ayuda entre los socios, familiares y amigos, como en el caso de Banca Unión-Cremi donde el PRD identificó 63 empresas inexistentes”.

Al concluir 1995, doce bancos mexicanos habían vendido su cartera vencida al Fobaproa. Pero éste ya se encontraba descapitalizado, no solo por la crisis, sino también por las innumerables operaciones irregulares y los fraudes cometidos por Carlos Cabal Peniche y Ángel Rodríguez, expropietarios de Banca Cremi y Unión, y de Banpaís, respectivamente.

El fraude ascendió, en Cremi y Unión, a 2 mil millones de dólares. Para garantizar el capital de ambas instituciones y los depósitos de los ahorradores, el gobierno dispuso de los fondos del Fobaproa. El monto de los recursos defraudados por Cabal agotó los recursos del fideicomiso y fue necesario que el Gobierno adquiriera los créditos vencidos de la institución bancaria.

Otro de los errores fue el “crédito a la palabra”, sin importarles violar el artículo 65 de la Ley Bancaria donde los préstamos se deben de realizar con garantías de solvencia de pago e investigación previa, un buen número de créditos se otorgaron sin ninguna documentación. Serfín presto mucho dinero. Bampaís mantuvo un desfalco previo de 258 millones de pesos en crédito, “de ahí algunos banqueros e industriales tenían deudas con acciones porque compraron en la bolsa, pero después lo pasaron al Fobaproa”, sostuvo el PRD.

En su oportunidad, la entonces legisladora Dolores Padierna subrayó “que la Banca de Desarrollo subsidió a la privada cubriendo el diferencial de tasas de interés, lo que fue menguando sus finanzas y llevó virtualmente a la quiebra a instituciones como Nafin y Banjército, al amparo del Estado y del PRI-gobierno”.

En la primera lista de banqueros, empresarios y grupos, figuran entre otros: Jorge Martínez Guitrón, del grupo Sidek; Jorge Eugenio Ortiz Salinas, de Salinas y Rocha; la familia Alcántara y Raymundo Gómez Flores, de Estrella Blanca; José. Gustavo y Enrique Mazón López, del grupo empresarial de Sonora Mazón; Arturo Lomelí Villalobos; Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Gutsa y propietario del World Trade Center; Nicolás Xacur; los hermanos Antonio y Juan José Leaño Alvarez del Castillo; Isaac Saba; Jorge Ballesteros Franco; Manuel del Valle Talavera, de la familia del Valle Ruiz, de la que es miembro Antonio, ex presidente de la Asociación Mexicana de Bancos; Enrique Molina Sobrino, del grupo Escorpión y Justo Fernández.

También, Julio y Eduardo Mariscal, del grupo Havre; Alejandro Morales Maga, de Transportes Aéreos Ejecutivos; Angel Isidoro Rodríguez, “El Divino”; Fernando Lankenau Rocha, hermano de Jorge, estuvo preso en el penal de Topo Chico, en Monterrey; Carlos Cabal Peniche; Pablo Funtanet Mange; Mario Rodríguez Saez; Carlos Noriega Arias; Gilberto Borja Arrioja, de Ingenieros Civiles Asociados, ICA; David Peñaloza, de Tribasa y los hermanos Jorge, José Luis y Carlos Ballesteros Franco, éstos cinco últimos, por el “rescate carretero”.

En quiebra el sistema financiero nacional

La crisis de diciembre de 1994 y el consecuente incremento en la taza de interés, la cartera vencida de los bancos se elevó hasta un techo nunca imaginado que los colocó en la insolvencia práctica, para rescatar a la banca mexicana, luego de aplicar costosos programas, el gobierno federal a través de Ernesto Zedillo Ponce de León otorgó 65 mil millones de dólares.

Ángel Saucedo, en ese lapso como diputado federal priísta indicó “la grave situación, por medio del gobierno federal, pretendió ser resuelta con la aparición del llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que se dedicó a comprar carteras de riesgosas de por lo menos 18 instituciones para capitalizarlas con el fin de permitirles seguir operando quebrantos”.

Vicente Fox Quezada

Desde 1991 la Comisión Nacional Bancaria autorizó a los neobanqueros otorgar préstamos a todos sus acreditados, para aprovechar la llegada de los recursos al país, con motivo del TLC para autoprestarse.

Indicó que “en un exceso de consentimiento y con 80 por ciento del crédito otorgado en autopréstamos, el Fobaproa funciona simplemente para adquirir la cartera de los bancos, liquidando sus propios adeudos con dinero público, el costo real de la compra de los bancos, los priístas como los panistas avalaron que sea pagado injustamente por todos los mexicanos”.

Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda y artífice de aplicar el proyecto neoliberal salinista que hundió en la pobreza a la mitad de los mexicanos y responsable de realizar los movimientos turbios del proceso de privatización bancaria que culminó en la bancarrota del sector y la crisis de pago observada a partir de 1995.

También se le califica como “el hombre orquesta” de la microdevaluación y la crisis financiera de 1994 que aceleró la dependencia económica de la nación frente a Estado Unidos de Norteamérica.

Arquitecto del proyecto neoliberal (y la ruina del país), con sus programas emergentes el país sufrió una crisis que se agudizó en 1994 y ésta se transformó en deuda externa, cuyo monto se elevó en 1995 a 100.9 mil millones de dólares. Esto se pagó con préstamos de Estado Unidos y del FMI a cambio de un severo programa de “choque”, la profundización del desmantelamiento del Estado, la privatización de los sectores estratégicos de la nación, mayores concesiones al capital foráneo y la pérdida de la soberanía en el manejo de la política económica.

El monto de los débitos públicos externos entre 1990 y 1994 paso de 77.7 mil millones de dólares a 85 mil millones, lapso en el cual los adeudos de corto plazo pasaron a representar el 1.5 a 7.4 por ciento del total.

La baja de precios, que llegó a un digito en 1991, se logró a costa de la sobrevaluación cambiaria, el desmesurado déficit en cuanto a corriente de la balanza de pagos externa y el ascendente endeudamiento externo especulativo, desequilibrios que estallaron en diciembre de 1994.

Pedro Aspe y Salinas de Gortari responsables de la pobreza de más de 60 millones de mexicanos y del colapso financiero, en contubernio con los principales jerarcas del PRI, cuya deuda es considerada por el PRD en 65 mil millones de dólares que se destinó para el rescate bancario del país.

En este sentido, las autoridades financieras del país reconocieron que el rescate de la banca sería todavía largo, diez años por lo menos, y se aplicará un pago de 11 mil millones de pesos del presupuesto federal, que se irá incrementando en la medida en que se generen los naturales intereses por saldos “insolventes” del total del rescate.

La cifra, que supera 10 por ciento del PIB, en el gobierno federal de Ernesto Zedillo, se convirtió en pocos años hasta 20 por ciento en la producción nacional, mientras la deuda interna ascendió a 63 mil millones de dólares, 552 mil, el 70 por ciento irrecuperables mientras se trató de rescatar 245.

El fraude para perpetuarse en el poder

El gobierno priísta avaló, en complicidad con AN, trasladar definitivamente su costo a los contribuyentes, toda vez que lo convirtieron en deuda pública.

Para compartir el poder y asegurar la perpetuación del PAN y el PRI en el poder político absoluto sobre la sociedad mexicana, era necesario el despojo del patrimonio nacional, además de inseparable el botín de la soberanía popular para cumplir con el objetivo de la burguesía de la explotación económica y servidumbre política del nuevo régimen.

Insolvente y en bancarrota, el PRI-PAN no tuvieron la capacidad de disfrazar por más tiempo la economía de ficción, al servicio de los intereses cupulares del sector empresarial y del capital extranjero, beneficiarios de la política económica y de las privaciones del pueblo trabajador al perder su poder adquisitivo y enfrentar los embates inflacionarios. Aquí el PRI y el PAN exhibieron ante el pueblo su verdadero rostro de entreguista y antipopular al aprobar 650 mil millones de pesos, entre intereses, sea considerada por el gobierno actual como deuda externa.

La iniciativa bipartidista PRI-PAN de convertir en pública la deuda pública proveniente de la función del Fobaproa es un impuesto notablemente contrario a los preceptos constitucionales como resultado del tributo a la plutocracia del país con resultados inflacionario.

Para el Partido de la Revolución Democrática el rescate bancario, es la consumación del atraco al país y un modelo económico que agoniza y ha agudizado la crisis al entregarle la presidencia de la República a su “socio” el PAN durante doce años, y éste devolverla en el 2012. Así la elite del tricolor y blanquiazul en franca complicidad con los grupos de poder y económicos, estas demostrado que cuando se junta de manera perversa destruyen la República.

Felipe Calderón Hinojosa

Así, el sector ultrareaccionario de la administración pública federal, intoxicado con el tecnocratismo con el que es el alimentado por sus tutores, no tiene capacidad para la reflexión independiente y cree que los abusos de poder que lleva a cabo son bien recibidos y aplaudidos por aquellos a quien se afecta. Sólo como imagen pública justifican con los medios a su disposición de antigobiernistas y se dicen ser los verdaderos defensores del proyecto de la nación, para que el pueblo pague la deuda de 360 mil millones de pesos, costo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

El expresidente del Colegio Nacional de Economistas, Arturo Salcido Beltrán aseguró que “el recuento del rescate bancario representa a precios actuales $2 billones 577 mil millones, el costo lo pagarán los contribuyentes durante 30 años, quiebra de la banca en 95 llevó al país a la peor caída en 60 años, el número de pobres aumentó de 94 al 96 en 20 millones, sólo 4 de cada $100 fueron en apoyo a pequeños ahorradores, entidades saneadas con dinero público, vendidas a particulares y  en un año, los intereses suman 30 mil millones de pesos”

En este sentido, afirmó que “los centros de poder financiero internacional abusan generosamente de la ingenuidad e infantilismo intelectual de sus empleados tecnócratas impuestos dentro del gobierno federal y como comparsas de los partidos políticos PAN y PRI, al tiempo que son inducidos a que apliquen en México la política económica y social que llevan adelante los regímenes de las naciones capitalistas, para destruir la identidad de los pueblos colonos. Tal es el caso de la política que practican en el país”.

De esta manera, los mexicanos no podemos pensar en la independencia sin advertir cómo la nación mexicana ha tenido un proceso histórico que enfrenta a dos fuerzas sociales; la primera encabezada  por la clase social que constituye a la nación como poder soberano sobre sus recursos naturales y sociales –PRI-PAN-, y la otra que encuentra el apoyo de imperialismo para ofrecer la explotación de todos los bienes de México y anular así la soberanía y la independencia.

Es obvio que el régimen impuesto por la burguesía a México, sobre todo, en los dos más recientes sexenios, con el modelo del neoliberalismo, ha puesto en proceso de liquidación a nuestra identidad nacional. Préstamos tas préstamos, por más reducciones de intereses y pagos que se negocien, hacen del Estado un administrador malo de los intereses financieros imperialistas, convertir los negocios turbios de la plutocracia en deuda pública, para que el gasto corriente del Estado se reduzca y el poder adquisitivo de la clase trabajadora se debilite con el incremento de los impuestos.

Un rescate anticonstitucional, es el reflejo con la nueva Ley de Protección Bancaria, para borrar las huellas del mayor fraude financiero de las historia y asestar duro golpe de traición a la patria con el complemento fraudes electorales, masacres, asesinatos, injusticias represión y censura