* Los gobiernos del PRIAN concesionaron el tráfico de drogas y las franquicias, en las líneas administrativas, a sus socios los capos mexicanos
Los regímenes del PRI y del PAN se extraviaron en el mundo del narcotráfico, desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, los gobiernos debilitaron la investigación policiaca y judicial y no se atrevieron a tocar los intereses del narco que ocuparon altos niveles de la seguridad nacional, militares, empresariales y políticos, el caso reciente es el del exjefe policiaco de Genaro García Luna y su colusión con autoridades y cárteles del crimen.
Elites de la oligarquía financiera y política del país que se beneficiaron desde el poder presidencial con el saqueo de miles y miles de millones de pesos del erario nacional, hoy desesperados utilizaron como argumento la NARCOMARCHA en su lucha como oposición contra la Reforma Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) y trataron de bloquear el Plan B que termina con sus privilegios, ellos todavía controlaban el árbitro de la democracia y lo utilizaban para cometer fraude tras fraude en elecciones anterior al 2018.
El descrédito en que se vieron involucrados los gobierno del PRI y del PAN, quienes desde hace décadas se les ha ligado con los capos de la droga, testimonios aportados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y se les acusó de proteger a poderosos narcos en México, una estrategia que condicionó la certificación gringa para México con el compromiso de combatir a bandas del narcotráfico y políticos del PRIAN, sin embargo se les facilitó sus operaciones y se consolidaron como parte de un Narcoestado.
Cada seis años se da el relevo de los hombres de Estado quienes llevan el timón del gobierno y saben que la principal amenaza para la estabilidad de la República es el narcotráfico, desconocen la dimensión del flagelo que provoca la inseguridad y la violencia, en las estructuras políticas, económicas y sociales en el país. En esta afirmación, el experto en Temas de Seguridad Nacional, Francisco Mendoza asegura que “sobre el hecho de que los responsables de combatir al narco forman parte de los activos de esas bandas del crimen organizado y antes los ejemplos de violencia desatada provocaron su fracaso oficial”.
Indica que en los temas del combate al narcotráfico y la política antinarcóticos, desde los gobiernos del PRI con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, entre los dos del PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón, ofrecieron pobres resultados y permitieron vínculos estrechos con cárteles de la droga, ya corrompidos los gobiernos federales, consolidaron sus nexos a través de la llamada Narcopolítica.
Desde
entonces del poder de la barbarie prianista contó con los servicios del
ejército, policías, políticos, intelectuales de pacotilla, empresarios y
asociaciones civiles, la violencia cuenta una historia del imperio criminal y
llegó a la cúspide del Estado que lo modificó en un régimen del Narcoestado, lo que les facilitó el lavado de dinero proveniente del crimen organizado.
Asegura que los datos duros los tienen autoridades de Estados Unidos y que confirman en sus investigaciones que existió una relación entre funcionarios de esos gobiernos (PRIAN) con los padrinos del tráfico de drogas, además de que todas las oficinas están penetradas por las bandas del crimen y donde directores como comandantes de las distintas corporaciones policíacas, funcionarios de alto nivel y políticos han llegado a las jefaturas de las mafias, tal y como los explica el juicio contra Genaro García Luna.
El narcotráfico se infiltró en las altas esferas de la presidencia de la República
La NARCOMARCHA es el resultado de mafias muy localizadas, que se enriquecieron descomunalmente creando imperios y cotos de poder magnificados a un punto del engrosamiento de las células del crimen organizado, el problema es que esta riqueza no se va a revertir socialmente, porque este tipo de personas no tuvieron empacho por su desmedida voracidad, se consolidaron como mafias mayores del poder y alcanzaron niveles internacionales con vinculación con la oligarquía capitalista.
El periodista Fausto Fernández Ponte escribió en múltiples medios sobre temas de la Narcopolítica: “Los narcos financiaron la campaña de Carlos Salinas de Gortari”, y en sus opiniones sostiene “en su primera plana de su edición del sábado 19 de Octubre de 1998, el periódico The News York Times consigna, en un amplio reportaje, los resultados de las investigaciones realizadas por el gobierno de Suiza acerca de los presuntos vínculos de Raúl Salinas de Gortari con las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y anfetamínicas, o sean los cárteles del narcotráfico”.
Sostiene
que “en el informe se señala por primera vez que los cárteles del narcotráfico
contribuyeron en 1987 con dinero a la campaña de proselitismo electoral de
Carlos Salinas de Gortari, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) a la Presidencia de la República”. De igual forma, escribe que "el Washington Times informa que el gobierno mexicano es el que controla a los traficantes de droga", por eso invierten en las campañas políticas con la determinación de formar parte de la Narcopolítica y tener beneficios desde los Pinos.
El reportaje en el Times, de 369 páginas, del gobierno suizo, se determina en ese informe y sostiene: “Investigadores del Departamento de Justicia del gobierno suizo, encabezados por su jefe, Valentín Roschacher, interrogaron a unos 90 exnarcotraficante, socios y exsocios del señor Salinas y amigos y examigos de éste”.
Fausto Fernández, afirma se desprende que “el señor Salinas obtuvo ganancias de 500 millones de dólares por usar su influencia en el gobierno anterior – Miguel de la Madrid- al de su hermano y luego en el del éste, para organizar una red compleja de amparar a narcotraficante”.
El Times consigna lo siguiente: “Al asumir Carlos Salinas de Gortari la Presidencia de la República en 1998, Raúl Salinas asumió el control de prácticamente todas las actividades del despacho (o cargamentos) del narcotráfico en México”. Además, asegura “a través de su influencia y de los sobornos pagados con dinero de los narcotraficantes, oficiales del Ejército y de la policía apoyaron y protegieron el floreciente negocio del narcotráfico”.
Fernández Ponte indica que el documento secreto en copia que tiene el periódico Times “conforma la base legal sobre la cual el gobierno de Suiza sustentaría la decisión de confiscar más de 130 millones de dólares que el hermano del expresidente tiene en los bancos suizos, ese dinero son sólo una parte de los dineros habidos por el señor Salinas mediante sus actividades al servicio de los cárteles del narcotráfico”.
Sin duda, es un claro el testimonio de cómo desde el poder presidencia (Salinas hasta Enrique Peña) se respaldó al narcotráfico y que los gobernantes jugaron un papel fundamental en el tráfico de cocaína en México y se favoreció el flujo de drogas hacia territorio de Estados Unidos.
La NARCOMARCHA puso al descubierto que los regímenes del PRIAN asumieron el control sobre todos los envíos de droga que atravesaba por México, mediante sus influencia y sobornos, oficiales del Ejército y de la policía apoyaron y protegieron el florecimiento del negocio de la droga, lo confirma el juicio de Genaro García Luna en los Estado Unidos de América.
En la historia reciente de nuestro país, la decisión de un enjuiciamiento por autoridades del gobierno norteamericano contra la élite del poder panista, Vicente Fox y Felipe Calderón -2000-2012- golpeó de tal forma el centro del sistema político de la oposición. Y, respecto a la condena que se le dictará a García Luna puede cerrar todo un largo capítulo histórico nacional, en el punto final a una forma de ejercer el poder en el pasado o bien abrir la CLOACA para investigar a todos los involucrados de esos gobiernos que impusieron su relación con el crimen y la política para lavar dinero con la Narcopolítica del PRIAN y PRD.
Y fue tan obvia su actuación criminal y su red con los cárteles desde el poder presidencial para el sembradío de amapola, el trasiego de cocaína a los Estados Unidos, distribución y venta en territorio nacional, la ejecución de negocios turbios, confirmaron sus compromisos para garantizar sus operaciones y las alianzas políticas sin importarles la descomposición enorme de las instituciones y del Estado mismo.
Por su parte, en artículos especializados en asuntos de narcotráfico del periodista Raúl Adorno Jiménez expone “de plano el gobierno mexicano es el patrocinador del narcotráfico y, va más allá, que el gobierno ha estado involucrado en el tráfico de drogas durante décadas, utilizando las dependencias de la policía federal y a los militares para proveer de grandes cantidades de narcóticos a Estado Unidos”.
Los nombres sobran y entre los más encumbrados políticos del PRI, PAN y PRD con cártel de la droga, quienes con el dinero sucio de origen ilícito levantaron emporios financieros, crearon empresas, adquirieron ranchos como extensiones de tierras, adquirieron propiedades en el extranjero y todo tipo de lujos exentos de impuestos, hoy que esos privilegios están en peligro con artimañas nefastas y oscuras utilizan como arma de lucha la expresión de “el INE no se toca” para evitar que sean investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).
El poder de los MAPACHES electorales se esfumó
Con la aprobación al Plan B de la Reforma Electoral al Instituto Nacional Electoral (INE) en 5 leyes, se eliminó la burocracia dorada y al árbitro tramposo al servicio de la mafia neoliberal encabezada por el PRIAN-PRD, con el propósito de evitar que los hampones electorales mediante operaciones fraudulentas pretenda cambiar la votación del pueblo y regresar al poder a través del engaño revestido del sufragio “democrático”.
El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López sostuvo “el INE fue construido a base de falsedades y de legalizar fraudes electorales”, una trampa donde los consejeros permitían elecciones de Estado, ni siquiera votaba la población y respaldaban a los mapaches comiciales, esa burocracia ya no podrá robar elecciones y se respetará la decisión del pueblo.
Después de la Revolución Mexicana el sistema político ha estado plagado de delincuentes electorales que formaron una estructura dentro del PRI-gobierno y con el PAN construyeron una mafia que utilizó los recursos públicos y dinero sucio para cometer fraudes y en contra de la voluntad popular, los más claros fueron en 1987 con Carlos Salinas de Gortari del PRI y 2006 con Felipe Calderón Hinojosa del PAN. También, en algunos estados como en la entidad mexiquense en el 2017, ahí fue despojada del triunfo electoral la profesora Delfina Gómez y Morena, los tramposos y mapaches del PRI con los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y del INE legalizaron la derrota de Delfina y en las urnas rellenas avalaron el fraude de Alfredo del Mazo Maza.
La fauna de tiranos del PRIAN, en su NARCOMARCHA realizada en el Zócalo de la Ciudad de México, dieron a conocer a su ejército de sátrapas de la mapachería electoral para la próxima elección en las entidades mexiquense y Coahuila, maestros en las pillerías y malhechores del fraude electoral, siguen viviendo en el pasado de la corrupción y con dinero sucio pretenden de nueva cuenta como hace seis años con operaciones ilícitas cambiar la elección e imponer a sus candidatos.
Los operadores electorales del PRIAN-PRD, delincuentes conocidos como mapaches, integran un ejército bien aceitado con recursos económicos ilimitados de carácter ilegal y provenientes de otras fuentes oscuras que puede ser del narcotráfico, por medio de sus operaciones corruptas ya conocidas; la transa, el cochupo, robo de urnas, tamal, carnitas, carrusel, laboratorio, taqueo, pozole, cambio de paquetes, credenciales falsas, doble votación, relleno de urnas, el ratón loco, entre otras acciones conocidas para la compra del voto el día de la elección, y otras pillerías pretenden inclinar la elección a favor de sus partidos.
Todos estos operativos se ejecutan con un presupuesto adicional al fijado por el INE y IEEM, en su oportunidad en el Estado de México sin castigar el rebase al tope de gasto de campaña, y son financiados por los gobiernos locales en poder del PRIAN, empresas favorecidas por el gobernador en turno y sus, respectivas, secretarías. Así, los mapaches o miembros distinguidos del priismo, definidos como delincuentes electorales, es necesario de extirpar porque ellos representan la antidemocracia y la ilegalidad.
Una gran parte de esa tropa intenta activar, y con el apoyo del Instituto Electoral del Estado de México, su alquimia electoral, a pesar de que los mapaches mexiquenses caen dentro de las figuras delictivas contempladas en la legislación penal del país. La mayoría de los mapaches electorales cobra en la nómina del gobierno de Alfredo del Mazo y porque todos ellos respondes a sus intereses corruptos.
En
las pugnas entre el PRI-PAN en el proceso electoral del 2017, fue considerado por su propio rival político Acción
Nacional de ser el PRI un tramposo y del
manejo sucio del dinero público para favorecer al entonces candidato Alfredo
del Mazo, donde se denunció de ser el principal operador del financiamiento a
Eruviel Ávila Villegas, quien fungía como gobernador en el Estado de México y
ahora senador. El proceso criminal del PRI hace seis años y que se favoreció al hoy ejecutivo mexiquense, Del Mazo Maza, destapa la estrategia que hoy utiliza el padrino político de Alejandra del Moral, en el manejo turbio de recursos públicos y de recibir fondos triangulados ilegales a fin de favorecer la campaña de su ahijada, cuya imagen es repudiada ante la población, toda vez que representa lo más rancio caciquil del PRI y una historia de autoritarismo de más de 80 años y que tiene en la pobreza a más de 10 millones de mexiquenses.
La NARCOMARCHA fue un instinto de nerviosismo de los que fueron socios de los capos del crimen y de ser los principales aportadores del dinero sucio para sus campañas políticas, y desde el poder a través de los fraudes electorales consolidaron la forma más tradicional de robar dinero público como un enriquecimiento a través de esquemas de malversación de los fondos públicos, lo cual extrañan sin estar en el poder y de esfumarse sus privilegios. Con su NARCOMARCHA pretendieron negociar que el Estado les entregue Coahuila y el Estado de México.
Cayó el primer PIRATA, mapache de Comunicación Social
Ante la desesperación del gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo, porque su candidata Alejandra del Moral no levanta su imagen y va a la baja en las preferencias electorales con 20 puntos porcentuales ante la puntera de Morena, Delfina Gómez Álvarez, ordenó a sus lacayos colaboradores de utilizar de formar discrecional, sin reglas claras, sin mecanismo de control interno y usando los fondos públicos bajo criterios clientelares y tráfico de influencias, para coaccionar y corromper periodistas y medios a fin de intentar posesionar la imagen de su “gallina” ante la población.
La diputada de Morena, Azucena Cisneros Coss, exhortó a los titulares de la Secretaría de Contraloría mexiquense, del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias fiscalicen, investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos probables de corrupción y violencia política en razón de género, cometidos por Jorge Alberto Pérez Zamudio, ex coordinador General de Comunicación Social.
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| Jorge A. Pérez Zamudio, con un pie en la cárcel |
La legisladora morenista dio a conocer que Jorge Alberto Pérez operó al menos 2 mil 352 millones 803 mil 072 pesos en presupuesto asignado a comunicación social entre 2018 y 2022, su gestión es una de las más corruptas en el manejo de medios, también como una de las más oscuras, y con base en evidencias documentales el comunicador emitía libelos y comunicados falsos contra la candidata de Morena a la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez.
Aseguró que se presentaron evidencias por medio del coordinador de la campaña de Morena en el actual proceso electoral, Horacio Duarte Olivares, quien dio cuenta de una “campaña negra” intramuros orquestada desde las oficinas de Comunicación Social del Palacio de Gobierno, en contra de Delfina Gómez, “ejerciendo de esta manera violencia política en razón de género, al infundir calumnias, utilizando para ello los recursos públicos designados a esa área de la administración pública”.
En este sentido, dijo “así, con las pruebas recabadas, que fueron aportadas por los propios periodistas, se establece que Pérez Zamudio desviaba los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros de la coordinación de Comunicación Social que presidía, en la campaña negra contra Gómez Álvarez”. Por lo que, indicó “se hace necesaria, urgente una amplia y profunda investigación para esclarecer el uso y aplicación de los recursos públicos de la coordinación de Comunicación Social”.
Así mismo, Cisneros Coss, precisó, en el periodo de gobierno “delmacista”, de estos cinco años y medio, el coordinador general de Comunicación Social ocupó dicho cargo, mientas transcurrieron por los menos dos procesos electorales, uno en el 2018 para renovar el Congreso Local y los 125 ayuntamientos, además del Congreso Federal y la presidencia de la República, el otro del 2021 para renovar el Congreso Local y los ayuntamientos, por lo que ante la evidencia de su desempeño y políticas, es urgente que se investigue las políticas de uso de recursos públicos para el intento de control de medios que implantó esos años y en tiempo de elecciones.
Sin embargo, la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral en sus 5 modificaciones al INE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partido Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Impugnación que ésta consta de 70 artículos, en su certificación se pone fin a la burocracia dorada del INE y la desaparición de fideicomisos que representaba el capital administrativo millonario y privado de los consejeros electorales para promover y avalar los fraudes electorales.
Con tal aprobación en el INE y la farsa de la NARCOMARCHA en defensa del alfil del PAN con la Narcopolítica, Genaro García Luna, pretendían que regresará el atraco, defender sus intereses y la corrupción, el ejército de mapaches electorales que asistió ya no podrán detener el avance democrático en este país y menos podrán robarse otra elección más, tal y como lo hicieron en el 2017 en el Estado de México, todos esos criminales electorales ya están excentos de condicionar una elección a su favor y quien lo haga podrá ir a un reclusorio por pillos de la democracia.
En este, caso el mapache, pirata y delincuente electoral, el excoordinador general de Comunicación Social del gobierno priista de Alfredo del Mazo, Jorge Pérez Zamudio, enfrentará a la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral del INE y que también alcanza al IEEM, de ser culpable en el desvío de fondos públicos para favorecer al PRI como a la candidata oficial a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, puede ser enjuiciado y pisar la cárcel en complicidad con sus colaboradores, entre ellos, Luciano Percastre Martínez y Grabiela Hernández.
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