Exigen a AMLO que el EJÉRCITO asuma el control de la seguridad pública en Chimalhuacán

 •Representantes de la sociedad civil entregaron a la Dirección de Atención Ciudadana un documento en el que aseguran que se vive una entidad y un municipio sin ley.

 •Demandan el esclarecimiento del asesinato del abogado, Juan Carlos Canto, ocurrido el 20 de febrero, que ha exhibido la violencia y la degradación de la justicia en ese municipio.

 Por: Jacobo Pérez Sánchez

Justicia para el pueblo de Chimalhuacán

Representantes de la sociedad civil de Chimalhuacán, alzaron sus voces frente al edificio de Palacio Nacional para solicitarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Ejército asuma el control de la seguridad pública en la localidad y se restablezca el orden constitucional roto por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Antorcha Campesina –hoy Popular-. 

Explicaron que en los últimos 20 años los gobernantes emanados de Antorcha han violado de manera sistemática las garantías individuales y hecho de la tortura su principal arma para fabricar delitos. “Ya no se debe permitir que la ola de violencia siga desangrando a Chimalhuacán”, manifestaron. 

Por eso insistieron en que el presidente aplique los artículos 29, 89 y 129 de la Constitución, que le otorgan facultades en el empleo de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad interna de la nación, y en este caso en ese municipio. 

 Esclarecimiento de crímenes

En el documento que entregaron a la Dirección de Atención Ciudadana de la presidencia de México, los habitantes de Chimalhuacán recalcaron que desde el 18 de agosto del 2000, cuando Antorcha se hizo del poder por medio de la violencia, la cual ocasionó más de 10 muertos, se vive un estado sin ley. 

En el texto se menciona que el promotor de la inestabilidad e ingobernabilidad que prevalece en la alcaldía es Jesús Tolentino Román Bojórquez, quien ha contado con la protección de los regímenes priistas de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y los últimos cuatro años, con el Alfredo del Mazo Maza. 

Asimismo, los representantes de la sociedad civil exigieron el esclarecimiento del asesinato del abogado, Juan Carlos Canto, ocurrido el pasado 20 de febrero, que ha exhibido la violencia y la degradación de la justicia en ese municipio, que tiene como finalidad crear un clima de inseguridad y terror. 

Aseguraron que los órganos de procuración y administración de justicia han sido rebasados y se percibe complicidad entre los asesinos y policías, lo cual explica el grado de impunidad y abuso de poder corrupto, de los aparatos de justicia.

 Pablo García Colores fue secuestrado por la FGJ

La Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM) y los titulares de los Ministerio Público de Chimalhuacán, se han coludido para proteger a los delincuentes y garantizar impunidad en delitos como secuestro, despojo de tierras y casas habitación, violaciones a menores de edad, homicidios, extorsión a comerciantes, asaltos en el transporte público, cohecho, abuso de autoridad, contrabando, tráfico de mujeres, robo de niños, robo de vehículos, tráfico de órganos y asociación delictuosa. 

Detallaron que el miércoles pasado, un grupo armado —que supuestamente trabaja para el edil Jesús Tolentino Román Bojórquez—, secuestró a Pablo Colores, quien fue golpeado salvajemente hasta dejarlo inconsciente. 

Finalmente alertaron sobre la posibilidad de que con el inicio del proceso electoral, se recrudezca la violencia oficial para enviciar el ambiente democrático, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá de solicitar la intervención de la Guardia Nacional para garantizar un ambiente social y de participación ciudadana durante y antes del proceso.